En el entorno empresarial actual, las organizaciones dependen en gran medida de proveedores y socios estratégicos para operar eficientemente. Sin embargo, esta dependencia puede conllevar riesgos legales y reputacionales significativos, especialmente en el contexto de la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos por terceros que actúan en su beneficio.
Riesgos Asociados a Proveedores
La colaboración con agentes, consultores y distribuidores puede exponer a las empresas a situaciones donde estos terceros cometan delitos como sobornos o corrupción. Algunos ejemplos frecuentes incluyen:
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Agentes de aduana que sobornan a funcionarios para agilizar trámites.
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Consultores externos que ofrecen incentivos indebidos para cerrar negocios.
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Distribuidores que realizan pagos ilícitos para obtener ventajas comerciales.
Si no se cuenta con un modelo de prevención adecuado, la empresa puede ser considerada penalmente responsable.
¿Qué debe incluir un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)?
Para mitigar estos riesgos, un MPD efectivo debe contemplar:
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Evaluación de riesgos asociados a proveedores.
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Políticas claras de integridad y conducta empresarial.
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Capacitación a terceros y equipos internos.
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Controles internos y seguimiento de cumplimiento.
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Mecanismos de denuncia efectivos.
Cláusulas Contractuales con Proveedores
Una de las medidas más recomendadas es formalizar estos compromisos mediante cláusulas contractuales que:
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Prohíban expresamente la comisión de delitos señalados en la Ley 20.393.
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Obliguen al proveedor a informar cualquier infracción relacionada con el modelo de prevención de la empresa.
Estas cláusulas deben estar acompañadas de mecanismos reales de control y seguimiento.
El canal de denuncias como pilar del compliance
Contar con un canal de denuncias seguro, anónimo y confiable es esencial para prevenir y detectar a tiempo cualquier irregularidad, sobre todo cuando se trata de acciones cometidas por proveedores o contratistas externos.
En ChileCompliance, ofrecemos una plataforma especializada en denuncias anónimas, adaptable a las exigencias de la Ley 20.393 y a las necesidades específicas de tu organización. Implementar este tipo de canal es una decisión estratégica para reducir riesgos, mejorar la trazabilidad y proteger la reputación corporativa.
Nota: Este post se basa en el artículo “Modelo de prevención de delitos y proveedores: ¿Dónde poner el foco?” publicado en LWYR.